Gremios en alerta por aprobación de norma para restituir territorios indígenas

La Convención Constitucional avanza en su trabajo para redactar la nueva Constitución. Ayer en la Comisión de Medio Ambiente se aprobó en general la iniciativa ‘Derecho de los pueblos y naciones preexistente a la tierra, territorio, recursos y bienes naturales’ patrocinada por los constituyentes Natividad Llanquileo, Francisca Linconao, Victorino Antilef, Isabel Godoy, entre otros.

En detalle, la propuesta plantea la creación de una comisión especial encargada de desarrollar e impulsar las bases de una política de catastro y restitución de las tierras, aguas, territorios indígenas históricos y espacios sagrados. ‘La comisión informará al Gobierno de Chile respecto a las demandas de restitución de tierras que cuenten con informe de factibilidad aprobado por la actual Corporación Nacional de Desarrollo Indígena pendiente de ejecución, para que en el plazo de 8 meses se concluya su adquisición’, señala la iniciativa

Además, la propuesta indica que las tierras indígenas históricas catastradas que estén en posesión del fisco serán transferidas a título gratuito a las comunidades indígenas respectivas. El segundo artículo propone decretar la nulidad de todos aquellos permisos, autorizaciones o concesiones de exploración y explotación mineras, áridos, aguas, forestales, megaproyectos de generación eléctrica que recaigan sobre bienes naturales ubicados en territorios indígenas cuando estos permisos hayan sido otorgados sin el consentimiento previo de las comunidades. ‘Se evaluará un nuevo otorgamiento de estos permisos en un plazo no mayor a dos años después de los correspondientes procesos de consulta y consentimiento previo, libre e informado (…) con las comunidades’, establece el documento.

Cabe destacar que en febrero la propuesta puede recibir cambios e indicaciones, además de que todavía queda la votación en el pleno de la Convención. La constituyente Natividad Llanquileo —una de las promotoras de la propuesta— celebró la aprobación. ‘Es un buen inicio para poder dar respuesta a una demanda que es histórica por parte de los pueblos originarios (…) a través de este proceso constituyente queremos avanzar en dar respuesta a este requerimiento tan relevante por la restitución de los territorios’, dijo. Eso sí, Llanquileo precisó que la comisión que se conforme ‘tiene que hacer una evaluación en cada caso, somos conscientes de la realidad del país’.

Por su parte, el constituyente Bernardo Fontaine, aseguró estar de acuerdo en ‘buscar un alivio económico’ a los pueblos originarios, pero afirmó que consideraba esta norma ‘muy ambiciosa’. ‘No está definido en ninguna parte qué se consideran territorios indígenas antiguos, esto tiene un problema de justicia intergeneracional porque los chilenos actuales van a ser responsables de la colonización española (…) eso es una profunda injusticia’, declaró.

Críticas

En los gremios de distintos sectores económicos no fue bien recibida la aprobación de la norma. ‘Creemos que lo aprobado por la comisión es una mala señal y no contribuye en nada a generar el clima de certeza jurídica que necesita la industria minera’, dijo Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería de Chile. Hernández manifestó que no existe un catastro de cuáles serían las concesiones afectadas. ‘Esto se presta para que insten a las comunidades a generar, en un futuro, algún tipo de negociación con las mineras afectadas para obtener algún beneficio económico.

Ello es contrario a la legítima pretensión de las empresas de poder realizar sus actividades en un marco de seguridad jurídica y de los pueblos ancestrales de recuperar sus tierras’, aseguró. Por su parte, el presidente de la Corporación Chilena de la Madera, Juan José Ugarte, dijo que para el gremio el tema de los pueblos originarios ha sido de ‘suma importancia’ en el proceso constitucional y que están atentos a la discusión e interesados en colaborar con su visión.

‘La iniciativa votada es relevante, aunque esperamos pueda ser mejorada en la discusión futura y con participación de otros actores antes de su ingreso al plenario’, afirmó. Ugarte dijo que, para efectos de otorgar certeza jurídica, se identifique de manera correcta quiénes serían los beneficiarios del proceso a través de la exigencia de antecedentes válidos dentro del marco jurídico. Mientras que el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Cristián Allendes, fue aún más crítico con la norma. ‘Las implicancias que podría tener una medida como la propuesta serían gravísimas para el sector agrícola, rural y también la economía del país. Tanto las ciudades como los sectores rurales basan gran parte de su economía en la agricultura exportadora que se ha desarrollado en terrenos adquiridos de forma regular y en Estado de Derecho’, declaró.

Fuente: Simfruit