Desafíos y mitos sobre el agua en Chile

Desde hace años, algunos políticos y líderes de opinión han criticado duramente el régimen de propiedad y administración del agua en Chile, sosteniendo que es el único país en el mundo en que el agua es privada y los derechos de aprovechamiento de aguas (DAA) se transan en un mercado. Se cuestiona que la propiedad de los DAA esté separada de la tierra, y que estos puedan ser libremente transferidos.

Pero la extendida creencia de que nuestra legislación es única en el mundo carece de fundamento. La evidencia internacional muestra que el modelo chileno —propiedad sobre DAA y la transferibilidad de estos— existe en diversos países, en especial en aquellos que han sido exitosos en el uso y conservación de este valioso recurso.

Para despejar mitos y falsedades, cabe tener presente que el Código de Aguas (CA) se promulgó en 1981 con el fin de mejorar la gestión y crear condiciones para revertir la falta de aprovechamiento del agua producto del proceso de reforma agraria de fines de los sesenta. Esta nueva legislación, contrario a lo que muchos señalan, no privatizó el agua ni tampoco creó los DAA, ni, menos aún, la propiedad sobre ellos. Además, a esa fecha cerca del 90% de los DAA consuntivos ya estaban constituidos por la DGA.

Fue Bernardo O’Higgins quien dispuso expresamente en 1819 que los “regadores” (hoy DAA) podían ser vendidos y no estaban ligados al dominio de la tierra. En 1857 se reconoció y reguló el agua como un bien nacional de uso público (BNUP), y los DAA (antes mercedes) de propiedad de titulares se inscriben en los registros de propiedad de los Conservadores de Bienes Raíces desde 1908.

Lo que ocurrió el año 81 es que el derecho de propiedad sobre el DAA, ya existente, fue elevado a rango constitucional. El objetivo, según el ex ministro Büchi, fue crear “(…) derechos sólidos de propiedad, no sobre el agua misma sino sobre el uso de las aguas, y facilitar por todos los medios el funcionamiento ordenado del mercado”.

En esto Chile no está solo. En el trabajo titulado “Are Water Markets Global Applicable?” (Osaka Prefecture University, Tokyo Institute of Technology, Columbia University y NASA, 2018) se hizo un análisis comparado de 296 regulaciones del recurso hídrico a nivel mundial, utilizando las bases de datos de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Dicho estudio concluyó que en 58 de los casos analizados, entre los cuales está Chile, sus legislaciones contemplan los tres elementos esenciales para que exista un mercado de aguas (legalidad de la reasignación del agua entre diferentes usos; separación de la propiedad del agua y la tierra; penalización por el no uso del recurso). Entre las legislaciones similares a la chilena, se encuentran las de EE.UU. (15 estados), Australia (6 provincias), Canadá (6 provincias), Gran Bretaña, Nueva Zelandia, Alemania, Suecia, India, Indonesia, Corea del Sur y Corea del Norte, Japón, Rusia, Sudáfrica, Filipinas y Jordania; concentrando el 40% de la población mundial.

Digno de destacar es el giro de China, que está modificando su legislación para establecer un sistema de mercado y transacción de DAA, utilizando el modelo de Chile, Australia, EE.UU. y México (“The Practice of Water Rights in China”, 2018).

Chile ha sido objeto de análisis por expertos y organismos internacionales (Diagnóstico de la Gestión de los Recursos Hídricos, Banco Mundial, 2011) reafirmando que el CA de 1981 generó las condiciones apropiadas para el desarrollo de inversión en agricultura, minería, sanitarias e industrias, contribuyendo al crecimiento económico y desarrollo de los últimos 30 años.

En cualquier caso, nuestra institucionalidad y legislación requieren un fortalecimiento en materias como priorización del consumo humano, fomento de nuevas fuentes (desalación, reúso), mejor gestión del agua subterránea, preservación y gestión sustentable del recurso, fortalecimiento de la institucionalidad pública, entre otras.

En esto no nos podemos perder. Se nos acabó el tiempo de las consignas y de las discusiones puramente ideológicas, de lado y lado. La megasequía que vive nuestro país nos puso en un pie forzado, especialmente al Ejecutivo y Congreso, para actuar con pragmatismo y urgencia, y así tomar decisiones concretas y lograr los acuerdos necesarios que den solución a los problemas y desafíos que tenemos.

*Por MATÍAS DESMADRYL.  

Abogado y profesor LLM-UC, ex director general de Aguas

Reacción a la carta

Señor Director:

Son muy relevantes los antecedentes destacados por el abogado y exdirector de la DGA, Matías Desmadryl, en su columna sobre los desafíos y mitos del agua en Chile, publicada recientemente en este medio. Se ha repetido una y otra vez que nuestro país es el único en el que el agua es privada, en circunstancias de que —como demostró Desmadryl— nuestro modelo es el mismo con el que cuentan países desarrollados, como Alemania, Suecia, Canadá, EEUU., Australia, Nueva Zelandia, India, Rusia y Gran Bretaña, entre otros, y que incluso China está tratando de adoptar por los beneficios que genera.

Este régimen ha sido clave para propiciar las inversiones en diferentes rubros, entre ellos la agricultura Desde 1981, cuando entró en vigencia el actual Código de Aguas, nuestra actividad ha transformado este recurso en alimentos, convirtiendo el agua en productos como uva de mesa, cerezas, arándanos, carne, madera y muchos otros, que a su vez han sido importantes fuentes de divisas para nuestro país y de generación de empleos. A mediados de los 80, el PIB silvoagropecuario de Chile era de US$106,0 millones, el que en 2018 llegó a US$ 8.300 millones; es decir, se multiplicó casi por siete veces. Asimismo, las exportaciones en 1985 alcanzaban los US$ 150 millones y hoy, llegando a más de 150 países en el mundo, se han multiplicado por ro veces, logrando un valor de US$ 18.000 millones al año.

Este progreso, propiciado —entre otros factores— por el sistema de derechos de aprovechamiento de aguas vigente, ha estado en sintonía con la disponibilidad del recurso y la priorización de este para el consumo humano. Ad portas de una actualización del Código de Aguas, los agricultores agradecemos el valioso contenido de la columna de Desmadryl. Esperemos que quienes han estado liderando el debate se desprendan de ideologías; dejen de demonizar sin fundamentos el actual sistema y evalúen la legislación actual a la luz de la experiencia, para decidir lo que le conviene más a Chile.

Por RICARDO ARIZTÍA,  Presidente Sociedad Nacional de Agricultura.

Fuente: El Mercurio